En estos días se ha ido profundizando, respecto de la investigación de la relación bilateral con Venezuela. La renuncia inesperada del canciller provocó un detonante periodístico. La función fiscalizadora del Congreso de la Nación por parte de legisladores de la oposición siempre ha sido una tarea invariable desde las comisiones. Lamentablemente, las pruebas posteriores que se logran de las investigaciones a la que concluyen no siempre resultan ser decisivas para lograr una sentencia condenatoria que frene la impunidad del poder. Lo que se destaca son las declaraciones del ex embajador de Venezuela respecto de lo que ha sucedido entre ambos países. Desde las negociaciones comerciales bilaterales entre empresas con exigencia de pagos y las transacciones de fuel oil sucio que se compra a Venezuela cuando podría el país abastecerse, se hacían mediante un convenio por el cual la Argentina le compraba a ese país y Venezuela adquiría con ese dinero maquinarias agrícolas. En algunos casos estas decisiones de compras son para poder cobrar un "retorno". En la intermediación de una parte de esas exportaciones intervino la empresa Palmat con sede en Miami y bancos de EE.UU., que deberán responder sobre los fondos depositados allí por el intermediario y el destino que tuvieron. Éste es un negocio entre dos gobiernos estatistas que va a parar a esa sede en Miami que actúa como consultora. También se obtuvo la lista de viajes que realizaron a Venezuela el ministro de Planificación y el ex titular del organismo de control de autopistas que concretaba las gestiones comerciales, aseguran algunos legisladores que estos datos surgen de las declaraciones. Se destacó que quien decidía cuáles eran las empresas que podían intervenir en las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países era el mismo ministro, mano derecha del matrimonio presidencial. Habría que ver si a pesar de la investigación y de develar la corrupción enquistada en el gobierno ello resulta conducente, o si sólo se logra que la opinión pública se informe pero que los involucrados en estas acciones no sean sancionados. La fuga de dinero, las transacciones con el erario público, el enriquecimiento ilícito y las negociaciones poco transparentes son las distintas acusaciones que recibe el actual gobierno nacional. Sin embargo, siempre existe la forma de evitar la sentencias judiciales, ya que muchos aseguran que también la justicia está condicionada por las autoridades y de esta manera no prosperan las denuncias. No obstante estas trabas y la impotencia que pueda resultar de no obtener resultados efectivos, es necesario ir preparando el camino para que luego se logre una investigación exhaustiva, aunque sea al finalizar el mandato. Lo que se debe evitar, si la corrupción es conforme lo que se asevera, que las consecuencias de la impunidad no frenada por falta de posibilidades concretas y firmes agraven la crisis a niveles tan profundos que ni siquiera se pueda revertir en el mediano plazo. Por todas estas razones pareciera más importante lograr la cohesión de la oposición y que puedan presentar una sólida propuesta política para 2011, dejando las ambiciones y ansiedad de liderazgos que ya empiezan a asomar. La polarización facilitará mucho más la posibilidad de vencer en las elecciones presidenciales. Hay que tener presente que la población requiere una política ejemplificadora con progreso económico y que ésa será la demanda en las elecciones. Habrá que ver si algún líder o coalición puede plasmar esa exigencia o si va a prevalecer el voto al mal menor para evitar el riesgo político futuro. De los errores hay que aprender para madurar y no repetirlos en forma recurrente. Anudados más por la ambición que por evitar una situación irreversible para el país, podría traer graves consecuencias. Quiénes interpreten a tiempo ese mensaje colectivo serán, seguramente, los encargados de gobernar dentro de un año.
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